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CASTELLÓN (EP/VP). El presidente de la Diputación de Castellón, Javier Moliner, ha decidido apartar de sus competencias al vicepresidente de la institución provincial Francisco Martínez, por "pérdida de confianza" al conocer que la titularidad de los terrenos sobre los que estaba proyectada la depuradora del municipio de Borriol es de una empresa perteneciente a su hijo.
De esta forma, Martínez dejará su cargo como vicepresidente primero de la institución provincial, así como del área de Infraestructuras y Cooperación, aunque mantiene su acta de diputado, según ha informado la Diputación.
Ante esa situación, el presidente de la Diputación ha asegurado en un comunicado que "ni la Diputación de Castellón va a permitir que se construya esta infraestructura en esos terrenos, ni el Ayuntamiento de Borriol comprará la parcela".
Así, el punto relativo a la expropiación de los terrenos que debía votarse este jueves en el pleno municipal ha sido retirado finalmente, según ha indicado la Diputación.
Precisamente la formación Bloc-Compromís de Borriol ha mostrado este jueves su temor de que la expropiación de los terrenos de la depuradora "ocultase" un posible "trato de favor o de información privilegiada" y advertía de que parte de los terrenos afectados son propiedad de Franvaltur, "una empresa vinculada al vicepresidente Francisco Martínez".
El portavoz del Bloc-Compromís en Borriol, Silverio Tena, consideraba, tras analizar el expediente de aprobación del convenio para la expropiación de los terrenos de la depuradora del municipio, "políticamente inaceptable" y "legalmente cuestionable" que una empresa vinculada directamente al diputado de Obras y Servicios de Diputación "pueda beneficiarse de un proyecto público pagado con el dinero de todos los ciudadanos del municipio".
Tena, que ya venía denunciando el "excesivo" precio de expropiación de los terrenos, "casi seis veces más que otras expropiaciones con el valor de mercado", había criticado que entre los beneficiarios de esta expropiación figuraba la empresa Franvaltur.
Asimismo, calificaba de "sospechoso" el cambio de terrenos afectados por la expropiación y de "políticamente indecente" que "una empresa vinculada al diputado de Obras y Servicios de la corporación provincial pueda resultar directamente beneficiaria".
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