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VALENCIA (EP). Javier Boix, abogado del exconseller de Solidaridad y Ciudadanía, exsíndic del PP y actual parlamentario de No Adscritos en las Corts Valencianes, Rafael Blasco, ha planteado dos cuestiones previas a la sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana que juzga a su cliente en la pieza relativa a las ayudas a la Fundación Cyes dentro del 'caso Cooperación', en las que alega vulneración de derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva de su cliente y plantea la vuelta a instrucción para unificar las dos piezas en las que se dividió la causa --ésta y la que aún se encuentra en investigación-- por seguridad jurídica.
Así lo ha expuesto en la primera sesión del juicio contra Blasco y otros ocho acusados por presuntas irregularidades en las ayudas concedidas a la Fundación Cyes para dos proyectos en Nicaragua, que se ha iniciado con dos días de cuestiones previas, y sobre las que ha pedido a la sala que resuelva antes de comenzar la vista propiamente dicha.
El letrado --que ha aportado además dos pruebas documentales-- ha alegado que su cliente ha sufrido una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las garantías ya que se le juzga por delitos relacionados a una falsedad documental por los que no había sido inicialmente imputado y sobre los que nunca declaró en la fase de instrucción.
De esta manera, ha sostenido que no ha tenido ocasión de defenderse sobre "imputaciones falsarias" por lo que ha reclamado a la sala que se estime vulnerado el derecho de Blasco "a no ser objeto de acusaciones sorpresivas" de las que no se pudo defender durante la instrucción y por las que nunca fue imputado.
De acuerdo con el letrado, estas acusaciones sobre falsedad documental surgieron a raíz de declaraciones prestadas en marzo de 2013 tras la documentación presentada por la Abogacía de la Generalitat ante Fiscalía sobre la legalidad de las ayudas concedidas a la Fundación, momento en que el ministerio público vio la posibilidad de formular la nueva imputación por hechos no atribuidos inicialmente.
En esta línea, ha alegado que ni en el auto por el que el juzgado de instrucción inicial remitió el caso al TSJCV ni en el de aceptación de asunción de competencias existe nada sobre estos hechos nuevos por los que Blasco no fue preguntado. Por ello, sostiene que la petición de imputación por este delito por parte de la Fiscalía sobrevino dos años después de "supuesta investigación secreta y bastantes meses de instrucción" y ha sostenido que el ministerio público debería haber solicitado entonces la ampliación de acusación a Blasco.
Asimismo, el letrado ha pedido a la sala que acuerde la retroacción de las actuaciones a la instrucción para que se unan las dos piezas en las que finalmente quedó separada la causa por "seguridad jurídica" ya que considera que en este caso se podría llegar a tener "dos sentencias contradictorias" o bien que una resolución judicial en esta causa condicione el fallo de la otra, algo que sería "inadmisible", cuando existe un mismo "elemento nuclear acusatorio".
"ARMAS DE DEFENSA"
En esta línea, ha cuestionado que "por razón de una subvención u otra" se haya dividido el caso en dos piezas cuanto se debe "favorecer que la defensa sea única" y, con la celebración de esta primera vista, "las armas de defensa serán conocidas en el segundo procedimiento". Para el letrado, con la unidad de la causa, aunque hubiera dilación, impera la "seguridad jurídica" y el derecho de defensa. En ese caso, el juicio sería "lo más tardar con el otro, ni un día más".
El letrado ha considerado además que, en esta causa, para las acusaciones, era "esencial" traer a colación que existe una "íntima relación" de Blasco con el único acusado en prisión, el empresario Augusto César Tauroni, cuando sostiene que han "fracasado" en este intento tanto a la hora de poder imputar pagos de uno a otro -porque no se ha imputado cohecho-- como en determinar que hubiera cuentas corrientes o negocios comunes.
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