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VALENCIA (EFE). El juicio oral contra el exconseller de Solidaridad Rafael Blasco y otras ocho personas por el supuesto fraude en las subvenciones de la Generalitat para cooperación internacional, el denominado caso Cooperación, empezará el martes 7 de enero en la sede del Tribunal Superior de Justicia valenciano.
La sala segunda del TSJCV acogerá este juicio, que se prolongará durante varias semanas y que destinará los primeros dos días a cuestiones previas, mientras que las declaraciones de los imputados comenzarán el 9 de enero.
En este caso están imputadas nueve personas por tráfico de influencias, falsedad, prevaricación, malversación y fraude en la concesión a la fundación Cultural y de Estudios Sociales (Cyes) de 1,8 millones para proyectos en Nicaragua, donde solo llegaron 43.000 euros.
Los procesados en esta pieza son, además de Blasco -actual diputado no adscrito en Les Corts-, cinco funcionarios de su Conselleria y tres responsables de empresas, entre ellos Augusto César Tauroni, el único imputado en prisión, y Marcial López, presidente de la fundación Cyes (sin relación con la constructora del mismo nombre).
La Fiscalía Anticorrupción ha pedido 14 años de prisión y 33 de inhabilitación para Blasco; la Abogacía de la Generalitat ha solicitado 11 años y medio de prisión y 31 de inhabilitación para el exconseller; y el PSPV-PSOE, personado en la causa, pide 15 años de prisión y 42 de inhabilitación.
Esta es la primera de las dos piezas que conforman el caso Cooperación, en el que también se investiga a un entramado de empresas que recibieron entre 2009 y 2011 al menos 3,5 millones de euros de subvenciones públicas de la Generalitat para cooperación internacional.
El origen del caso fueron unas denuncias ante la Fiscalía en octubre de 2010 de las diputadas de la oposición Clara Tirado (PSPV) y Mireia Mollà (Compromís), que en mayo de 2011 llegaron al Juzgado de instrucción número 21 de Valencia y en septiembre de 2012 asumió el TSJCV por la condición de aforado del exconseller Rafael Blasco.
Durante el proceso se abrieron dos piezas separadas, la primera de las cuales se va a juzgar desde el 7 de enero, referida a la concesión durante 2008 por resolución del entonces conseller de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, de subvenciones a la Fundación Cyes, presidida por Marcial López, por 1,8 millones de euros para proyectos de cooperación, principalmente en Nicaragua.
Según la instrucción, gran parte de esos fondos, 969.875 euros, se destinaron a adquirir cuatro inmuebles en Valencia, mientras que 456.960 euros -exactamente el 25 % de las subvenciones dadas a Cyes- fueron a la empresa Gestiones e Iniciativas ARCMED, propiedad de Augusto César Tauroni. A Nicaragua solo llegaron 43.000 euros.
Las conclusiones de la investigación judicial señalan "anomalías relevantes" en la concesión de subvenciones a Cyes, que carecía de experiencia previa en el sector y a la que la comisión técnica del programa de cooperación se oponía a dárselas, por lo que se conformó un expediente "ad hoc" a partir de documentación "incompleta, alterada y falseada".
Además, existen indicios de la desviación de fondos públicos destinados a la cooperación al desarrollo de Nicaragua, y del "notable enriquecimiento y beneficio económico obtenido tanto por el entorno" de Marcial López como por Augusto César Tauroni
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