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VALENCIA. Cuando el Partido Popular, que gobierna España y la Comunidad de Madrid, se somete a las exigencias de un inversor privado, en este caso Las Vegas Sand, (LVS) de manera opaca, confusa, sin transparecia y movido por oportunismo político, como la creación de 250.000 puestos de trabajo, suele ocurrir que si la operación fracasa las vergüenzas de nuestros dirigentes quedan al descubierto.

Si hacemos un poco de historia, LVS, con Adelson como el mayor accionista, pasó por momentos críticos con la caída de su mayor inversor Lehman Brothers en septiembre de 2008, que casi la hacen desaparecer.

Pero LVS abrió dos nuevos casinos en Macao y Singapur que han tenido éxito, sobre todo el de Singapur. A mi juicio, es el modelo que querían instalar en Alcorcón (Madrid). Allí se denominan "resorts integrados" y aquí "centros integrados de desarrollo", con hoteles, centros comerciales y de convenciones, teatros, campos de golf... alrededor del verdadero motor del negocio del juego el Casino, con todos sus juegos incluidas las máquinas tragaperras, que produce casi el 80% de los ingresos.

¿Pero este modelo se podía trasladar a España? Yo creo que no, pues a pesar de que nuestros gobernantes han ido cumpliendo todas las exigencias de LVS, quedaban muchas pendientes por hacer y que estaban esperando aplicar al inicio de las obras.

Entre otras destacaría no sólo la de permitir fumar, sino autorizar los junkets (intermediarios) y los jugadores vip -consentir las apuestas a crédito- cambiar el IRPF a los no residentes para que los premios sólo estén sujetos en el país de residencia -eliminación de Ley de Blanqueo de Capitales a fin de evitar dar a conocer las transferencias al casino por parte de los jugadores- y cambio de la legislación de los juegos online.

Si además en Singapur está muy restringida la libertad sindical, no hay convenios colectivos ni seguridad social, que apenas hay fiscalidad, hace que nos encontremos en situaciones diferentes y difícilmente puedan ser asumidas por un Estado democrático perteneciente a la Unión Europea.

Si a lo anterior añadimos que LVS está bajo control de la SEC por un presunto delito de blanqueo de dinero negro y sobre todo, que no han conseguido de los bancos el crédito de unos 5.000 millones de euros para iniciar el proyecto, entre otras razones porque el endeudamiento de esta empresa, alrededor de 6.000 millones de euros, está inmerso en un complejo proceso de renegociación con grandes bancos. Todo ello unido a los informes de JP Morgan y Fitch desaconsejando la inversión en España recomendándole que centre sus posibles inversiones en Asia sobre todo en Japón por la futura celebración de los JJ OO.

,Pero como dice el refrán, "todo lo que empieza mal, acaba peor". Había que buscar una excusa para que nuestros representantes tuvieran una salida digna y no se les ocurre otra que alegar nuevas exigencias por parte de LVS (asunción de pérdidas e indemnizaciones por cambios legislativos) garantías propias de una "república bananera", confundiendo seguridad jurídica con seguro inversor a todo riesgo. Peor imposible.
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(*) Miguel Mazón es doctor en Economía por la Universitat de Valencia y especialista en legislación sobre el juego en España