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VALENCIA (EFE). Radiotelevisión Valenciana (RTVV) se ha convertido este año en la primera televisión pública de España y en la segunda de Europa, tras la griega, en echar el cierre, después de un proceso que duró veinticuatro días entre el anuncio y la ejecución de un apagón que acabó con veinticuatro años de emisiones. 
La cadena, que nació un simbólico 9 de octubre -Día de la Comunitat Valenciana- de 1989 para avanzar en la consolidación del autogobierno y promover la lengua propia, fue apagada un viernes negro, el 29 de noviembre de 2013, tras doce horas de resistencia de sus trabajadores, que retransmitieron en directo su final.
La causa esgrimida por el Gobierno valenciano para acometer el cierre de RTVV fue la sentencia judicial que a principios de noviembre anuló el expediente de regulación de empleo (ERE) aprobado en agosto de 2012 y determinó la readmisión de los 952 empleados despedidos, lo que a su juicio la convertía en "inviable".
"No voy a cerrar un colegio o un hospital para mantener RTVV", argumentó el president de la Generalitat, Alberto Fabra, para justificar la decisión más dura en sus dos años de gobierno, contra la que se han revuelto colectivos sociales y partidos de la oposición, que han reclamado elecciones anticipadas.
El ERE de RTVV formaba parte de un plan integral de reestructuración de la empresa pública para facilitar su viabilidad, que incluyó también un cambio en el modelo de financiación mediante la figura del contrato-programa, recogido en la nueva ley de RTVV que se aprobó en julio de 2012.
El objetivo de estas medidas era redimensionar una plantilla que había llegado a los 1.660 trabajadores y afrontar la situación financiera de un ente con una deuda acumulada superior a los 1.200 millones de euros, sobre la que el tribunal de cuentas valenciano alertaba desde hace años y pedía "medidas excepcionales de carácter estructural" para "paralizar el proceso de deterioro".
Contratos que quintuplicaban el precio de mercado, derechos de emisión de partidos de fútbol que han generado pérdidas millonarias o dinero pagado "de más" en las retransmisiones de la Fórmula 1 son algunos ejemplos de una televisión que tiene a exdirectivos ligados al caso Gürtel y a uno imputado por acoso sexual a trabajadoras de la empresa.
Precisamente, mientras se preparaba el cierre, la policía judicial buscaba en las instalaciones de RTVV documentación de la contratación con Teconsa para la cobertura televisiva de la visita del Papa a Valencia en 2006, que se adjudicó por 7,4 millones de euros, de los que más de tres se fueron en comisiones.
Los últimos coletazos de RTVV permitieron a sus trabajadores reconciliarse con su audiencia perdida, que se incrementó de forma exponencial el último día, con una programación crítica con los gobernantes -algo inédito en una televisión acusada de actuar al dictado del Gobierno de turno- y autocrítica con la labor de los periodistas.
Icono de esa transformación fue la entrevista a la presidenta de la asociación de víctimas del accidente de metro de 2006, en el que murieron 43 personas, a la que pocas horas antes de irse a negro "colaron" en un edificio de RTVV acordonado por la policía y pidieron perdón por haber acallado el siniestro.
Ciudadanos de todas las edades e ideologías salieron a la calle un día después para protestar por el cierre de RTVV, una decisión recurrida en los tribunales por la oposición valenciana, que ha prometido reabrirla cuando gobierne.
Los recursos contra el cierre del ente público presentados por parlamentarios socialistas, tanto en el Constitucional como en el Tribunal Superior de Justicia valenciano, han sido admitidos a trámite, aunque en ningún caso se ha paralizado el proceso de liquidación del ente público.
Otras iniciativas políticas, como una de los grupos de la oposición en el Congreso que instaba al Gobierno a revocar el cierre de RTVV, también fueron rechazadas con la mayoría absoluta del PP.
Mientras, los extrabajadores protestan a diario en cada acto público del president Alberto Fabra y aseguran: "Volveremos y lo contaremos".
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