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VALENCIA. La Generalitat Valenciana se plantará este miércoles ante el Tribunal General de la Unión Europea para pedir que se anule la sentencia que les obliga a recuperar para las arcas públicas los 265 millones de euros que invirtió en los estudios cinematográficos de la Ciudad de la Luz en Alicante.
La vista servirá para que los abogados del Consell expongan su recurso a la decisión de la Comisión Europea de la Compentencia que declaró ilegales estas inversiones al considerar que vulneraron los principios del libre mercado al entendder que "ningún inversor privado habría aceptado invertir (en la Ciudad de la Luz) en los mismos términos" que el Gobierno valenciano y que la financiación pública "distorsiona enormemente la competencia entre los principales estudios de cine europeos".
La base de la defensa se centrará en intentar desmontar el principal argumento que la Comisión esgrimió para condenar a la Generalitat. En concreto, Ciudad de la Luz sostendrá que "la Comisión yerra en su análisis del principio del inversor privado y en su conclusión sobre la existencia de ayuda de Estado". En este sentido, argumenta que las inversiones de la Generalitat Valenciana en el complejo "se adoptaron tras la elaboración de sendos planes de negocios que establecían la rentabilidad previsible del proyecto".
UNA AFIRMACIÓN DESMENTIDA POR LOS DATOS
Sin embargo, el argumento que presentará ante los magistrados la delegación valenciana chocan de forma notable con la realidad. El complejo cinematográfico perdió dinero cada año en los que estuvo funcionando. Según las cuentas depositadas en el registro mercantil, a partir de 2005, año en que entró en funcionamiento, Ciudad de la Luz inició una carrera de números rojos que fueron aumentando ligeramente ejercicio tras ejercicio.
En 2005, año de la apertura, se anotó 12 millones de pérdidas, 19 millones en el siguiente, 22 millones en 2007, otros 22 millones en 2008 y 24 millones en 2009. No fue hasta 2010 cuando se redujeron ligeramente las pérdidas: 20 millones, los mismos que se apuntaron en 2011 y, finalmente, 21 millones en 2012, último ejercicio cerrado. En total, 160 millones de pérdidas solo en los ocho años en que estuvo en marcha.
EL INFORME DE LA COMISIÓN EUROPEA
Pero es que además, los informes de rentabilidad económica a los que hará refencia la defensa de Ciudad de la Luz también son un problema. En el dictamen de la CE se alude a ellos y no precisamente para bien.
El análisis de la CE se centró en una pregunta clave: ¿Hubiera acometido una empresa privada esta inversión? Y la respuesta, en pocas palabras fue que nadie en su sano juicio (esto no lo dice, claro), habría arriesgado su dinero en un proyecto condenado al fracaso.
Bruselas no trabaja con ligereza. De hecho, para dictar su resolución tomó en consideración numerosas variables, estudios, informes e incluso análisis solicitados ex profeso a consultoras internacionales. Pero, simplificando, aplicó una fórmula demoledora, la que sirve para calcular el coste del capital necesario para levantar el complejo y lo comparó con la previsión de rentabilidad del mismo.
El resultado de esa operación arrojó que el coste del capital se situaba en el caso de Ciudad de la Luz en cerca del 15%. Sin embargo, el dato más optimista de los dos planes de negocio que aportó la empresa pública de la Generalitat apuntaban a una rentabilidad de algo más del 5%. Un dato que, encima, fue rechazado abiertamente por los técnicos europeos y por las dos consultoras externas que participaron en el proceso al considerarlo irreal, más después de las pérdidas que iba acumulando el recinto año tras año.
"Ninguna empresa privada hubiera acometido una inversión con una diferencia tan notable entre el coste del capital y la rentabilidad esperada", vino a resumir Competencia. En resumen, Solo echando un ojo a las previsiones de gasto en la infraestructura (que incluso eran menores inicialmente) con los optimistas planes de negocio realizados primero por Arthur Andersen y después de Consultia, era posible saber, aplicando una fórmula contable, que el recinto de cine de Alicante estaba condenado al fracaso.
Pero el informe, que no tiene desperdicio, también tumba las valoraciones que presentó la empresa pública valenciana sobre los terrenos que fueron expropiados y después aportados como capital. La empresa que hizo la tasación, Euroval, no quiso firmarlos, y Bruselas es muestra escandalizada de que incluso Ciudad de la Luz reconociera que ese suelo se había valorado dependiendo del dinero que tenía que aportarse al capital social en especie. Es decir: le ponían el precio que les venía bien.
CIUDAD DE LA LUZ, EN VENTA
Aunque el acto del miércoles hay que enmcarcarlo en el lógico derecho de recurso a una decisión judicial contraria a los intereses de la Generalitat, el Gobierno valenciano ya ha optado por no esperar al resultado de la mismo. Los estudios tienen paralizada su actividad desde que se conoció la sentencia y, en estos momentos, están a la venta.
El Consell estima que, si consigue vender los estudios, cumpliría con la sentencia de la CE, no tanto porque recupere el dinero, sino porque dejaría de ser propietario de las instalaciones.
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