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MADRID (EFE). Tres hermanos del presidente de Aguas de Valencia, Eugenio Calabuig, han dicho hoy que el préstamo que concedió el Banco de Valencia para blindar la compañía y que se destinó a la compra de terrenos en Castellón no era finalista y que sigue en vigor, sin que la entidad haya pedido su cancelación.

Celia, Pedro y Mercedes Calabuig han comparecido hoy como imputados ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que investiga presuntas irregularidades en la concesión de créditos a la familia por parte de la entidad, que fue posteriormente intervenida y adquirida por CaixaBank.

Los tres han coincidido con lo manifestado por sus dos hermanos, Eugenio y Enrique -vocal del Comité de Auditoría de Aguas de Valencia (Avsa)-, en el sentido de que el crédito de 50 millones no tenía un carácter finalista, y que la documentación aportada a la causa demuestra que se podía destinar a lo que consideraran oportuno, han informado fuentes jurídicas.

Han añadido que el Banco de España tiene calificado el crédito como normal, que sigue en vigor y al corriente de pago con su correspondiente interés, y que ni la entidad valenciana, ni el Frob -el fondo español de rescate a la banca-, ni después La Caixa han pedido que se cancele.

Además, los tres hermanos, que no participan en la gestión directa de Aguas de Valencia, han subrayado que Eugenio es el que dirige la empresa y que el resto tiene plena confianza en sus decisiones y propuestas.

Tanto la Fiscalía como la acusación ejercida por el Frob, sin embargo, mantienen que el Banco de Valencia concedió el crédito para hacer frente a una opa de exclusión que aprobó Avsa para evitar que Aguas de Barcelona tomara el control de la empresa valenciana.

Dicha opa iba dirigida a 771.711 acciones representativas del 39,32 % del capital social y con un precio cada una de 150 euros, y de la que se excluían 1.190.873 títulos, el 60,80 % del capital, que eran de Inversiones Financieras Agval, que fueron objeto de inmovilización.

Según la denuncia del Frob, el exconsejero delegado del Banco de Valencia Domingo Parra, también imputado, intervino en una serie de operaciones "de dudosa racionalidad económica" al haber obtenido, por vía directa o indirecta, beneficios en perjuicio del patrimonio de la entidad, al que provocó un agujero cercano a 137 millones.

Entre esas operaciones destacaba la compraventa de participaciones de la sociedad Inversiones Financiera Agval en 2008, la compra de acciones de Costa Bellver o la concesión de financiación a favor de la sociedad Capital Residencial, en la que han participado de forma relevante, como autores o partícipes, ciertos integrantes de la familia Calabuig.

Asimismo, explicaba que el banco concedió en 2008 dos créditos por un total de 48 millones -que luego se convirtieron en 54- a la familia Calabuig, lo que permitió a ésta hacerse con el control de Agval, la sociedad propietaria de Aguas de Valencia en la que la familia participa a través de Fomento Urbano de Castellón (Fucsa).

Por ellas, acusaba a los querellados de los delitos de estafa, administración desleal y apropiación indebida, y señalaba en su escrito que los créditos, que no han sido devueltos, fueron autorizados por el Comité de Riesgos, del que formaba parte Parra, gracias a la intervención decisiva de éste.

El juez interrogará el próximo día 10 a Parra y a su mujer, María José Aznar.