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MADRID (EFE).- La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado hoy al juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez que ordene el ingreso en prisión incondicional de los empresarios Vicente Ferri y José Salvador Baldó por desviar los beneficios de inversiones hoteleras de la CAM en el Caribe.

Ferri y Baldó, a los que el magistrado ordenó detener en el marco de la operación "Mar Nuestro", iniciada el pasado 7 de noviembre, aunque aquel día estaban fuera de España, han acudido hoy voluntariamente a declarar, han informado fuentes jurídicas.

En esa operación fueron arrestados el ex director general de la CAM Roberto López Abad y el ex director general de Empresas de la caja Daniel Gil, a los que el juez acusó de desviar 247 millones a un paraíso fiscal de las Antillas Holandesas y por los que ordenó su ingreso en prisión bajo fianzas de 1,5 millones y 400.000 euros, respectivamente, que ya abonaron.

También figuraban, entre otros, el ex director general de Tenedora de Inversiones y Participaciones -filial de la caja- Vicente Sánchez, al exdirector de la división internacional y negocio hotelero César Veliz y al empresario y ex director económico de la sociedad Valfensal Francisco Climent, que quedaron en libertad sin medidas cautelares.

Todos ellos están imputados por delitos contra la Hacienda Pública, falsedad documental y contable, administración fraudulenta y apropiación indebida.

Según el juez, López Abad y Gil desempeñaron un "papel esencial" en las decisiones sobre la financiación de proyectos por parte de Valfensal, de la que la CAM poseía el 30 %, y que no tuvieron "ningún reparo" en situar inversiones de la caja "en territorio calificado de paraíso fiscal".

Eso sucedió cuando los empresarios les anunciaron su intención de adquirir una sociedad a la que desviar los beneficios de varios hoteles que pensaban adquirir o construir en México, Costa Rica y la República Dominicana.

La estructura fiscal se creó con el asesoramiento "del despacho Garrigues" y concretamente de Jaime Escrivá, que defendió en varios informes la legalidad de la utilización de una sociedad pantalla -Jacksonport Corporation, domiciliada en Curazao- para canalizar los beneficios de Valfensal.

Sus informes fueron utilizados por López Abad y Gil para justificar ante los órganos de control de la CAM la legalidad de la estructura societaria, "venciendo así toda posibilidad de resistencia por parte de los órganos de la caja".

Una vez conseguido que la CAM financiara a Valfensal -según la Guardia Civil, con 160 millones-, se concentró en Jacksonport la facturación de los hoteles Caracol y Gala, adquiridos en México, ejecutando así un plan "conocido y consentido" por los imputados.

Jacksonport obtuvo entre 2004 y 2011 unos ingresos de 333 millones de dólares -247 millones de euros- que, afirmaba el magistrado, darían como resultado "un delito fiscal de cierta relevancia" cometido a lo largo de los nueve últimos ejercicios.

Como ejemplo, citaba las cuotas tributarias supuestamente defraudadas en 2009, 2010 y 2011, que ascienden a 1,2 millones, 1,3 millones y 2,7 millones, respectivamente.

Los imputados decidieron también que Valfensal no repartiera dividendo, alterando para ello "conscientemente" la contabilidad.

Por último, en 2010, "aprovechando la difícil situación en la que se encontraba la CAM", suscribieron un contrato entre Valfensal y la sociedad Seabrezee, vinculada a Ferri y Baldó, por la que esta última se encargaría de la gestión de todos los hoteles del grupo.

Ello permitió a los empresarios facturar a Seabrezee, "en concepto de prestación de servicios, una importante suma económica sin que existiese una contraprestación similar en el caso de la CAM", que de este modo no obtenía ningún ingreso de los beneficios producidos por Valfensal.