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VALENCIA. Anda con prisas y de aquí para allá. Entre reuniones y compromisos. Francisco Real, decano del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia (ICAV) no duda cuando se le pregunta por los cambios que necesita el sistema judicial actual, pero apenas tiempo para enumerarlos uno por uno. "Podríamos estar hasta mañana", afirma. Sin embargo, va más al grano cuando habla de los problemas existentes en Valencia: la morosidad y la falta de dinero para los abogados del turno de oficio.

Que la crisis económica afecta, desde hace tres años, a prácticamente todos y cada uno de los colectivos es una realidad asentada. Sin embargo, en el de los abogados, el trabajo no ha menguado, todo lo contrario. Los despachos tienen más reclamaciones mercantiles y concursales, y aunque las de familia han descendido en los bufetes porque parte de los ciudadanos no pueden permitírselo, estos casos van a parar a los del turno de oficio. Al final, las cuentas son las mismas.

Un dato lo explica claramente: hasta octubre de 2009, 38.163 solicitudes llegaron al turno de oficio del ICAV , 4.909 más que en el mismo periodo que el año anterior. Además, y en esos 10 primeros meses del año, se produjeron 44.617 asistencias, casi un 6% más.

"La crisis afecta igual a todos. Hay más litigios, pero el dinero no circula y los abogados lo notan igual", explica Real desde su despacho. Según afirma, la falta de pagos a los letrados es el principal contratiempo.

LAS DEUDAS DE LA CONSELLERIA

Hace unos meses los abogados del turno de oficio salieron a la calle para protestar porque la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas no les pagaba por los servicios prestados. Ahora las cuentas ya están saneadas, pero aunque el número de casos se ha incrementado, el presupuesto se ha recortado. Como informaba el ICAV el pasado noviembre, la Administración autonómica le ha restado cuatro millones a la partida.

¿Cómo se posiciona el Colegio ante tal situación? "Estamos negociando con la conselleria. La factura del turno de oficio aumenta y el dinero disponible no es suficiente para pagarlo todo", argumenta. A pesar de ello, afirma que es un servicio que siempre respaldarán desde el ICAV por ser un derecho fundamental de todos los ciudadanos.

Las escandalosas cifras que llegan a cobrar algunos administradores de los concursos de acreedores, en ocasiones cientos de miles de euros, es, en opinión de Real, "posiblemente excesiva". Pero apunta: "Hay que tener en cuenta las responsabilidades que asumen y todo el trabajo que hay detrás. En ocasiones puede durar incluso años".

DE LOS NÚMEROS A LA EDUCACIÓN

Los cambios que experimentará la carrera de Derecho una vez entre en vigor -en noviembre de 2011-, la Ley de Acceso a la Abogacía y se ponga en marcha el Plan Bolonia, son otras cuestiones que preocupan al Colegio de Abogados. Y más en Valencia, donde el número de diplomados nunca cesa. Actualmente hay alrededor de 9.300, aunque de éstos sólo ejercen unos 3.000, según los últimos datos del ICAV. "Una cifra excesiva", afirman desde la institución.

Para paliar la falta de experiencia de los diplomados una vez abandonan la facultad, lo que propone la ley es abrir un periodo formativo de dos años más para el futuro letrado además de un examen. Es decir, el actual practicum, pero más largo e intenso. A partir de esa fecha, para poder ejercer la profesión de abogado será indispensable contar con dicha instrucción.

En la Universitat de València, y de la mano del ICAV, van unos pasos por delante que el resto de facultades españolas, ya que ya existe el Master de la Abogacía para cubrir esta exigencia legal. "Nos hemos querido adelantar a los acontecimientos", cuenta Real. "España es el único país donde no existe esta ley y hay cierta oposición por parte de los rectores", añade. ¿Y cuál es la causa? "Perderán protagonismo", sentencia.