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VALENCIA. El presidente de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra; el presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, y la consejera de Infraestructuras, Isabel Bonig, han participado hoy en la entrega de 26 viviendas del fondo social a un programa de alquiler de la Generalitat destinado a cubrir las necesidades de familias que han perdido su residencia.

El acto ha contado también con la presencia de los alcaldes de las poblaciones donde se encuentran las viviendas. De estos 26 inmuebles, 11 están situados en Valencia capital, dos en Sagunto, Benetuser, Denia (Alicante), Burriana y Villareal (Castellón), y una vivienda en los municipios de Alacuas, Ribarroja, Alzira, Algemesí y Mutxamel (Alicante).

Este acto es fruto del acuerdo de colaboración que se firmó en diciembre del pasado año entre Bankia y la Generalitat Valenciana por el que la entidad financiera cedía 391 viviendas propias en toda la región a un programa de alquiler de la Generalitat que tiene el fin de dar cobertura a las familias que han perdido su inmueble.

En junio de este año, en un paso más en el compromiso de aportar soluciones a familias sin hogar y con riesgo de exclusión social, Bankia acordó destinar 200.000 euros para facilitar el alquiler de vivienda en la Comunidad Valenciana,propuesta que se unió al convenio anteriormente mencionado entre la entidad y el Instituto Valenciano de la Vivienda.

En el mes de julio, se entregaron los 18 primeros inmuebles: siete situados en la provincia de Valencia (Alboraira, Alfafar, Betera, Oliva, Paterna, Sagunto y Torrent), seis en la provincia de Castellón (Burriana, Castellón y Vall de Uxó) y cinco en la provincia de Alicante (Alicante capital, Villarreal y Torrevieja).

La renta del alquiler del fondo de viviendas aportado por el banco estará comprendida entre los 150 y los 400 euros sin que supere el 30% de los ingresos de la unidad familiar.

Las condiciones para acceder a este arrendamiento de interés social son: haber perdido la vivienda habitual como consecuencia de un proceso de ejecución hipotecaria o estar en proceso de reclamación judicial. Además, se valora la situación de familias en riesgo de exclusión social, personas en desempleo con cargas familiares o con ingresos limitados. Se presta también atención a mayores, víctimas de la violencia de género o personas con discapacidad.