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VALENCIA. La cadena pública autonómica valenciana deberá pagar antes de su cierre 18 millones de euros en producción propia, derechos de antena, acuerdos de coproducciones y contratos de doblaje. Esta cantidad se tendrá que abonar por productos que no se podrán amortizar, al no existir ventanas de emisión, y que además no se podrán revender a otras plataformas ya que en los contratos figura que se compran en exclusiva para RTVV.

A estos 18 millones debería añadirse el coste de la no amortización de las existencias de RTVV. Es decir, la cadena habría comprado un número determinado de producciones ya pagadas, que se quedarían sin la posibilidad de ser emitidas. Este tipo de producciones se compran a medio plazo para que así sean más económicas.

En concreto, según explicaron fuentes de la cadena, RTVV siguió comprando durante el año pasado los derechos de emisión de series, documentales y películas que se deberían difundir en el transcurso de los próximos doce meses. En todos los casos los derechos no han sido abonados, por lo que la Generalitat tendrá que pagar por producciones y servicios que después no revertirán en nada. Será dinero tirado a la basura.

Esto se une a los acuerdos firmados con 'majors' para la emisión de películas y series de los que RTVV dispone la posibilidad de emitir en varias ocasiones. En muchos casos, explicaron las fuentes consultadas, estas compras se amortizan a la segunda o a la tercera emisión, por lo que la cadena no podrá sacar partido de toda una gama de productos audiovisuales. Así, señalaron que hay acuerdos que están cerrados hasta 2017, por los que la cadena deberá compensar económicamente en cantidades que todavía no están determinadas.

EL MANTENIMIENTO DEL MULTIPLEX

Otro gasto adicional de la cadena es el mantenimiento anual del canal múltiplex por el cual se difunde la señal de los canales de televisión. Este servicio tiene un coste de medio millón de euros al año que la administración valenciana deberá seguir costeando, es su responsabilidad independientemente del hecho de que hayan cesado las emisiones de Canal 9, para que así puedan emitir las televisiones autonómicas privadas.

Se da la circunstancia de que RTVV es la propietaria de los canales de emisión, algo que hace que muchos profesionales del sector consideren que ése es uno de los principales valores del ente ya que le da completa autonomía y no depende de servicios externos.

CUESTIÓN FORTA

Otro de los aspectos más relevantes del cierre de RTVV es su relación con la FORTA. El organismo que aglutina a todas las televisiones autonómicas celebró este jueves por la mañana su reunión mensual. A dicha cita acudió Ernesto Moreno, según ha podido confirmar ValenciaPlaza.com.

El nuevo director del ente público se desplazó por la mañana a la capital donde tuvo su primer encuentro con sus homólogos de las diferentes televisiones autonómicas de España y volvió a mediodía para asistir al primer consejo de administración donde fue ratificado como nuevo director general por cinco votos, frente a los cuatro que obtuvo la candidata de la oposición, la expresentadora y periodista de Canal 9 Xelo Miralles.

En principio, en su encuentro en Madrid no se planteó las consecuencias del cierre de RTVV en la FORTA pero, según las fuentes consultadas, en la federación observan con preocupación el devenir de los acontecimientos en Valencia. Según explicaron la cadena pública valenciana es la tercera más importante en cuanto a aportación económica, ya que desembolsa cerca de un 30% del monto total en las negociaciones para las compras mancomunadas de derechos de antena. "La marcha de RTVV supondría un golpe muy fuerte para la FORTA", explicaron.

CONTRATO PROGRAMA

Por otro lado, el vicepresidente del Consell, José Císcar, admitió este viernes tras el pleno del Consell que se está estudiando la posibilidad de tener que abonar parte del contrato de externalización de contenidos a la UTE de empresas que resultó ganadora del concurso.

Las bases del concurso establecían que en el caso de que se decretase nulo el ERE el contrato se rompería y la adjudicataria tendría derecho al abono de dos meses de programa. El acuerdo del consejo de administración existía aunque el contrato no estaba firmado.

Esta circunstancia obligaría a la administración a desembolsar en torno a dos millones de euros y a las productoras a grabar contenidos para dos meses de programación que jamás se emitirían ya que no existiría ventana para ellos.