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VALENCIA. En la reciente Conferencia Política del PSOE se ha aprobado una propuesta para acometer, cuando volvamos al gobierno, una ambiciosa reforma fiscal que permita obtener los ingresos necesarios para sostener los servicios públicos, sufragar políticas de crecimiento y recuperar los recortes de gasto social y derechos que está llevando a cabo el gobierno del Partido Popular.

El actual sistema impositivo es injusto e ineficiente. Por el fraude, por las oportunidades de elusión que ofrece, por su falta de transparencia, por la complejidad y los costes que supone para los empresarios y trabajadores cumplidores, y por su falta de progresividad, pues la mayor parte de la carga fiscal recae sobre las rentas del trabajo, frente a las del capital, y no se exige una contribución suficiente a quienes tienen un mayor patrimonio.

La lucha contra el fraude fiscal se ha colocado en el primer lugar de la lista de prioridades, tal y como veníamos proponiendo desde el PSPV-PSOE. Cada euro que no paga un defraudador es soportado por los contribuyentes honestos en forma de mayores impuestos, y por toda la ciudadanía, que dispone de menos servicios. Además, el fraude otorga una ventaja a los empresarios y profesionales que cumplen con sus obligaciones, lo que desvirtúa la igualdad de oportunidades y la libre competencia.

Los socialistas nos hemos comprometido a actualizar permanente las normas tributarias para dificultar el fraude e ir eliminando todos los "agujeros legales" que facilitan la elusión fiscal, así como a dedicar más recursos a la lucha contra el fraude y a combatir la percepción de que es posible y rentable defraudar, porque es difícil que descubrirlo. Se trata de hacer fácil lo difícil.

Otra de las prioridades es equilibrar el tratamiento de las rentas del trabajo frente a las del capital, lo que va a exigir reformas en todas las figuras tributarias. El sistema actual permite que las rentas elevadas apenas paguen impuestos, pues encauzan su consumo a través de sociedades y acumulan capital que raramente tributa y, cuando lo hace, es a un tipo inferior al de las rentas del trabajo.

Para ello planteamos integrar en una figura tributaria única la valoración de los rendimientos del patrimonio, de forma homogénea y sin excepciones, integrándola con la tributación procedente del resto de rentas, y corrigiendo las dobles imposiciones que pudieran generarse. Este gravamen integrado permite aplicar las políticas de gasto con mayor justicia y eficacia, pues ayuda a conocer la capacidad económica real y total del contribuyente, y es capaz de generar unos ingresos más estables, con independencia del ciclo económico, gracias a la tributación patrimonial, que es menos variable que la ligada al empleo.

El mayor esfuerzo exigido a las rentas altas y grandes patrimonios nos permitirá establecer un "escudo fiscal" sobre los pensionistas con menos ingresos y los trabajadores con hijos a su cargo, que tengan rentas inferiores a 16.000 euros anuales, que quedarían exentos del pago del IRPF estatal.

Esta propuesta aprobada en la Conferencia Política enlaza con la medida refrendada en el último Comité Nacional del PSPV-PSOE, donde se acordó rebajar a cero la tarifa autonómica del IRPF para los mileuristas, como fórmula para paliar la devaluación salarial que padecen y favorecer la reactivación económica y la generación de empleo. La combinación de esta medida con el aumento de la presión fiscal sobre las rentas altas y las grandes fortunas produciría un notable aumento de la progresividad del sistema tributario.

También se ha subrayado la necesidad de evitar la competencia fiscal a la baja entre autonomías, estableciendo un mínimo homogéneo que permita recuperar el gravamen efectivo en materia de imposición sobre la riqueza, sucesiones y donaciones.

Hemos constado que las disfunciones en el proceso de descentralización han conducido a la rebaja del esfuerzo fiscal exigido a los grandes patrimonios, y generado diferencias territoriales injustas e ineficientes. Con esta medida, las comunidades, lejos de perder autonomía, verían incrementados sus recursos y podrían conservar la capacidad de modular la carga efectiva por encima del mínimo homogéneo.

Probablemente, es el Impuesto de Sociedades el que necesita una reforma más profunda, que elimine la mayoría de las deducciones y suprima determinados privilegios fiscales. Como respuesta inmediata, se ha de aplicar temporalmente un tipo mínimo para las grandes empresas, que contribuya a recuperar la recaudación y a estabilizarla en el tiempo. Posteriormente, y en el contexto de la reforma global del impuesto, deberían eliminarse las posibilidades de utilización de las empresas como pantallas para la elusión fiscal o la infra tributación de las rentas procedentes del extranjero (mediante el actual régimen de exención).

Los socialistas también hemos tenido en cuenta que gran parte de la responsabilidad de la crisis y de sus consecuencias en términos de costes y endeudamiento recae sobre el comportamiento del sector financiero, que ha recibido enormes cantidades de recursos públicos para mantenerse a flote. Por ello, consideramos que se les ha de exigir una mayor contribución a la sostenibilidad de las cuentas públicas.

En concreto, planteamos que el gobierno de España apoye el desarrollo del Impuesto sobre las Transacciones Financieras ("tasa Tobin"), tanto en el ámbito europeo como a nivel internacional, y exija una mayor aportación fiscal a las entidades de crédito a través de un tributo que grave sus actividades, como el Impuesto Autonómico sobre los Depósitos Bancarios que los socialistas valencianos ya propusimos hace un año, como enmienda a los presupuestos de la Generalitat para 2013 (fuimos el único grupo parlamentario que la presentó). Ahora, el Consell parece dispuesto a aplicarlo, después de haber rechazado esta iniciativa el año pasado, lo que supuso perdonar 230 millones de euros a las entidades bancarias.

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(*) Julián López es portavoz de Economía
del PSPV-PSOE en las Cortes Valencianas