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VALENCIA. El cierre de Radiotelevisión Valenciana (RTVV) hecho público este martes ha puesto fin a uno de los capítulos de la historia más oscura y esperpéntica de la Generalitat. A través de un comunicado en la web del Gobierno valenciano, el Consell de Alberto Fabra ponía punto final a 24 años de historia tras conocerse la nulidad del ERE planteado para el ente.
Una historia cerrada con un informativo en el que los trabajadores se congregaron frente a la cámara y dieron rienda suelta a las críticas hacia el Gobierno del Partido Popular y su gestión en el ente público, mencionando casos de corrupción como Gürtel, donde se encuentra imputado el exdirector del ente Pedro García, o la imputación por abusos sexuales contra otro directivo de la casa, Vicente Sanz.
El adiós de RTVV se produce tras más de dos años de angustia e incertidumbre para los trabajadores ante un Consell que no ha sabido gestionar el adelgazamiento de un ente que el propio partido en el gobierno se había encargado de engordar durante lustros.
LAS SEIS HORAS CRUCIALES
La nulidad del ERE anunciada este martes por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), dejaba a la Generalitat con poco margen de maniobra. La readmisión de los trabajadores implica un coste anual de más de 70 millones de euros que el Ejecutivo no puede asumir. Hubo llamada a Moncloa, pero desde Madrid no estaban dispuestos a ofrecer cobertura a un gasto de ese calibre.
En esta situación, desde el Gobierno valenciano, que se reunió de urgencia a media tarde convocado por Fabra, se decidió no prolongar la agonía de un ERE que continuaría suponiendo un alto coste político y económico. La decisión final: aferrarse al plan inicial y encajar todo el peaje de golpe.
La pérdida del ente público, unido a la dependencia económica de Madrid, supone otra herida de muerte al autogobierno valenciano, que está sufriendo en esta legislatura un debilitamiento extremo por la crisis y la escasez de fuerza reivindicativa del Consell.
RECHAZO EN LA CALLE, CON EXCEPCIONES
Nada más conocerse la decisión del Consell, hecha pública por medio de una nota de prensa colgada en la página web del gabinente de Comunicación de Presidencia entorno a las 18:30, los trabajadores se convocaron a las puertas de la Generalitat para exigir la dimisión del presidente Fabra, como seis horas antes se habían concentrado para celebrar que la Justica les daba la razón.
Por otra parte, en el centro de producción de programas de Burjassot, el equipo que estaba en ese momento en sus puestos de trabajo celebró una reunión de urgencia que teminó por consensuar un comunicado en el que se calificaba la decisión de "vileza y acto de cobardía" y que fue leído al inicio del informativo de las 20:30 con las personas que en ese momento estaba en el centro.
Las manifestaciones de condena a la decisión y apoyo a los trabajadores por parte de todos los partidos de la oposición se sucedieron a partir de ese momento, frente al silencio del Partido Popular. Fue después de que en antena se hubiera hecho referencia a esa ausencia cuando el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en las Corts Valencianes, Jorge Bellver, asumió la voz de la formación.
El diputado reconocía que había sido una decisión "durísima" pero que no quedaba "más remedio" para poder preservar la sanidad y la educación públicas en la Comunitat Valenciana. También desde círculos empresariales se apuntaba el lado positivo de la medida, al poner fin a una situación que se consideraba improrrogable.
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