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PALMA DE MALLORCA (EP/VP). El juez instructor del caso Nóos, José Castro, ha citado a declarar en calidad de testigos, el próximo 16 de noviembre, al expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps (11.30 horas), y a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá (12.00), cuya comparecencia tendrá lugar en la capital valenciana y había sido reclamada por el sindicato Manos Limpias así como por la Fiscalía Anticorrupción.
Del mismo modo, también han sido emplazados a comparecer en la Ciudad de la Justicia de Valencia, el día 15, el diputado, exconseller de Economía de la Generalitat y expresidente de Ciudad de las Artes y las Ciencias Gerardo Camps (18.30 horas), y la exdirectora gerente de la Sociedad Promoción Estratégica de la Comunidad Valenciana Patricia Corrons (19.30).
Ya el día 16, están citados la exsecretaria general administrativa de Presidencia de la Generalitat Ana Brusola (9.30 horas); el exjefe de la asesoría jurídica de Presidencia José María Olano (10.00); la exinterventora de la Generalitat Irene Chova (10.30 horas); el interventor de la Copa América Luis Lobón (16.30); el empresario que constituyó varias de las entidades investigadas en esta causa (17.00); el notario Carlos Masiá (18.00), y el excontable de Nóos, en su caso como imputado, Luis Tejeiro (19.00).
Tanto el juez Castro como la Fiscalía Anticorrupción se desplazarán a Valencia para tomar declaración a todos ellos, puesto que el desplazamiento a Palma de los testigos, alega el magistrado en su auto, "se presenta muy gravosa para las arcas públicas", a lo que se suman los costes por la situación de insularidad.
En concreto, Camps y Barberá deberán aclarar en su interrogatorio su participación en las negociaciones previas a la firma del convenio y las dos addendas de los Valencia Summit por los que el Instituto Nóos percibió alrededor de 3,6 millones de euros públicos; así como en relación al convenio firmado por 382.203 euros para que la ciudad de Valencia fuera sede de unos Juegos Europeos que nunca llegarían a celebrarse.
CAMPS PODRÁ DECLARAR POR ESCRITO
En el caso de Camps, podrá declarar por escrito si así lo desea y hacer uso del artículo 412.4 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) -al que no podrá recurrir Barberá-, que dispone que quienes hubiesen desempeñado cargos como el de presidente de una Comunidad Autónoma "estarán exentos de concurrir al llamamiento del Juez, pero no de declarar, pudiendo informar por escrito sobre los hechos de que hubieren tenido conocimiento por razón de su cargo".
Manos Limpias pidió la declaración como testigos de Camps y Barberá después de que la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) acordase el pasado 24 de septiembre no imputar ni a Camps ni a Barberá en el marco de esta causa, al considerar que en su actuación no hay indicios de delito. Así, rechazó asumir la competencia para instruir el caso, que finalmente quedó en manos del juez Castro.
Fue el pasado mes de junio cuando Castro elevó al TSJCV su exposición razonada con los indicios delictivos que consideraba que pesan sobre Camps y Barberá en relación a los eventos organizados por el Instituto Nóos, presidido entonces por el Duque de Palma, Iñaki Urdangarin.
Más en concreto, Castro, que remitió el escrito al tribunal valenciano al tratarse Camps y Barberá de personas aforadas, aludía a un posible delito continuado de falsedad en documento oficial; a otro de prevaricación; a un delito de malversación de fondos públicos, y a otro de fraude a la Administración.
LOS NÚMEROS QUE MANEJA HACIENDA
Según la Agencia Tributaria, sólo en 2004 Nóos destinó a la preparación del primer Valencia Summit 194.436 euros, a pesar de que para ello había percibido un total de 1,044 millones públicos. Un año después, de los 1,5 millones que recibió, tan sólo gastó en facturas de la segunda edición 395.597 euros, mientras que en lo que a la tercera edición se refiere, el Instituto recibió 1,049 millones, de los que empleó 320.635 euros para el evento.
Así, hasta un total de 3,6 millones de euros recibió Nóos de la Administración pública valenciana en virtud del convenio de colaboración suscrito el 8 de septiembre de 2004 entre la entidad aparentemente sin ánimo de lucro, la Ciudad de las Artes y las Ciencias (CACSA) y la Fundación Valencia Turismo Convention Bureau (FVTCB), al que siguieron dos addendas más.
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