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CASTELLÓN  (EFE). La defensa de la exesposa de Carlos Fabra, Amparo Fernández, ha asegurado hoy en el juicio que esta tenía delegada "con confianza" toda la gestión de la economía familiar en su marido y que los tres delitos fiscales de los que se le acusa han prescrito.

La letrada ha hecho estas manifestaciones durante la lectura de conclusiones en la última sesión del juicio que se sigue en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Castellón.

En el juicio están imputados el expresidente de la Diputación de Castellón y expresidente provincial del PP Carlos Fabra, para quien se piden 13 años de prisión por un delito de tráfico de influencias continuado, un delito de cohecho continuado y cuatro delitos fiscales; su exesposa, el empresario Vicente Vilar, la exmujer de este, Monserrat Vives, y el exsenador del PP Miguel Prim.

Amparo Fernández se enfrenta a una petición de 6 años de prisión por tres delitos fiscales. Sin embargo, su letrada ha recordado hoy que solo se mantiene en esa petición de pena, por tres delitos contra la Hacienda Pública, la acusación particular de la Unión de Consumidores de España (UCE), ya que ayer, en la lectura de conclusiones, la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado consideraron que uno de los delitos ya ha prescrito.

La letrada de Fernández ha dicho que no solo ese delito ha prescrito, sino que durante el juicio ha quedado acreditado que han prescrito los otros dos. También ha asegurado que su patrocinada nunca recibió maletines con dinero, tal y como consta en la acusación.

La denuncia inicial que abrió la causa en 2003 del empresario Vicente Vilar a Carlos Fabra por presuntamente haber mediado utilizando su cargo público para conseguir la aprobación de licencias de los productos fitosanitarios de Naranjax, propiedad de Vilar, "no es creíble", según la abogada.

Vicente Vilar, quien cambió su versión en la primera sesión del juicio y exculpó a Carlos Fabra, no merece "credibilidad" para la letrada de Fernández, porque demuestra que en su denuncia inicial "tenía un móvil espurio".

La abogada ha afirmado igualmente que desde los años 80 del siglo pasado, Fernández tenía poderes asignados a Fabra, y "tenía delegada con confianza toda la gestión de la economía familiar en él". Asimismo ha dicho que Fernández "no es una ignorante ama de casa, sino que tenía asignada un rol en la familia", y ella no se encargaba de la gestión de las cuentas del matrimonio.

Del mismo modo ha sostenido que ha habido errores en las consideraciones de los peritos de la Hacienda Tributaria que manifestaron que el matrimonio realizó ingresos en efectivo no justificados en las 81 cuentas que tenían.

Estos ingresos, ha defendido, no los hizo su patrocinada y además, "hay muchas operaciones que se dan por injustificadas" que sí están justificadas. Para la abogada hay "hasta tres explicaciones alternativas razonables" a la imputación que se hace a la exesposa de Fabra.

Entre ellas, que no hay delito, a su juicio, si se valora el incremento patrimonial de la pareja de manera global, si se tiene en cuenta que la inspección de Hacienda concluyó en 2007 que "no había delito fiscal" o si se hubiera considerado el informe del perito judicial que obra en la Audiencia Nacional, y que no fue admitido como prueba en la primera sesión del juicio.

Por otra parte, ha manifestado que "los préstamos del matrimonio más la venta de inmuebles es dinero suficiente para los pagos y adquisiciones" que hizo la familia entre 1999 y 2003.