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Hace mucho tiempo que me encuentro entre quienes defienden que los serios problemas estructurales existentes en España precisan de acuerdos políticos imprescindibles. Y ello por dos razones. En primer lugar porque es la única forma de recuperar la confianza que precisan los ciudadanos y las empresas, un aspecto esencial para la recuperación de nuestra economía, y en segundo lugar porque las reformas estructurales que han de acometerse precisan de acuerdos que han de perdurar durante varias legislaturas

La crisis económica, con todas sus secuelas y dolorosas consecuencias, será larga y cuanto más persista el desencuentro político más dificultades tendremos para situar la economía española en una velocidad de crucero que permita crear empleo. Y el empleo, ya se sabe, es la primera prioridad. Porque si no hay empleo suficiente no habrá capacidad para mantener políticas sociales que puedan mantenerse en el tiempo. Esta debe ser la primera prioridad de los gobiernos: promover y facilitar medidas e instrumentos que permitan a las empresas crear empleo y que ayuden a la mejora de su competitividad y productividad.

No hay más que leer con atención algunos de los informes recientes (por ejemplo el del IVIE sobre la situación de todo el Eje Mediterráneo o el de la CEV referido a la Comunidad Valenciana) para comprobar dónde se encuentran nuestros déficit más importantes y la conveniencia de transitar hacia modelo productivo sustentado en otras bases. Sin embargo, la situación apremia y las empresas siguen teniendo enormes dificultades. Dos datos lo resumen con claridad: la inversión se ha contraído en los dos últimos años y en el breve periodo de recesión de nuestra economía ya han desaparecido más de 300.000 pequeñas y medianas empresas por falta de crédito.

La segunda prioridad son las reformas estructurales. Reformas que han de partir de acuerdos básicos porque en caso contrario no se abordarán, dado que ningún gobierno estará dispuesto a afrontar en solitario posibles costes electorales. Reformas que ya sabemos, como se sabe en toda Europa, son tan imprescindibles como inaplazables en campos muy relevantes. Dejando aparte aquellas que han de quedar en el ámbito estricto del impulso político desde posiciones muy diferentes, por ejemplo en materia fiscal, hay muchos ámbitos que sí permiten y requieren acuerdos.

Por ejemplo, en materia de educación y formación, reforma del sistema financiero (en especial en materia de Cajas de Ahorro), pensiones-sanidad-farmacia-dependencia, contención de gasto público en las tres administraciones y energía. Algunas tienen que ver con un futuro escenario demográfico de envejecimiento que obliga ya a introducir reformas para garantizar prestaciones dentro de veinte años. Otras, como las reformas en educación y formación son imprescindibles para impulsar nuevas políticas de empleo.

Todas estas reformas tienen algo en común: en primer lugar, conciernen a los distintos gobiernos y a las tres administraciones; en segundo lugar, serán visibles en el medio y largo plazo y nunca antes de quince o veinte años cuando hayan pasado varios gobiernos de orientación muy distinta. Constituyen por tanto desafíos colectivos que precisan de actuaciones y de reformas graduales que van mucho más allá de las próximas elecciones. Y en todo caso, seguirán siendo necesarias con independencia del resultado de las próximas citas electorales sean estas generales o regionales.

En un Estado compuesto como el español ningún gobierno central puede abordar en solitario las reformas precisas y los compromisos adquiridos por España ante sus socios comunitarios. Han de comprometer a los partidos que gobiernan en los tres pilares que son Estado y por tanto han de partir de acuerdos políticos que no pueden quedar limitados únicamente a los dos grandes partidos, pero que han de partir de un acuerdo entre ellos.

Por esa razón los acuerdos políticos son imprescindibles. Esa es, a mi juicio, su obligación principal ahora. Además, como demuestran los acuerdos en el País Vasco o en el ámbito de sanidad, cuando los partidos han querido esos acuerdos se han producido. En consecuencia, tenemos derecho a pensar que si no se producen es porque no existe voluntad de alcanzarlos. Recuérdese la actitud de los dos grandes partidos españoles en la última y fallida Conferencia de Presidentes. Allí quedó demostrado que ninguno quería acuerdos y como entonces siguen instalados en la estrategia política de la polarización.

Unos confiando en capitalizar un inicio de recuperación de la economía española que se producirá en los próximos meses, pero que en ningún caso servirá para crear empleo neto durante mucho más tiempo. Otros, confiando en que el desgaste del partido en el gobierno les permita obtener una mayoría parlamentaria suficiente en las próximas elecciones. Ambos interesados en ganar tiempo con la mirada puesta en las elecciones autonómicas y municipales del 2011 y en las generales de 2012. Y ambos cometen un grave error estratégico por el que pagaremos (o nos harán pagar) un alto precio.

La difícil situación en la que se encuentra la economía española y la muy preocupante evolución del déficit público requiere liderazgos que sepan mirar más allá de esas próximas fechas. Entre otras razones porque al día siguiente de esas elecciones la situación seguirá exigiendo acuerdos políticos para acometer reformas. De nada sirve ofrecer aparentes ofertas de pacto con el objetivo político de que sean rechazadas o mantener dobles discursos porque ni uno ni otro son creíbles.

No se puede exigir, por ejemplo, austeridad en el gasto público al gobierno central y a la vez ignorar la deriva insostenible de las cuentas públicas en una Comunidad Autónoma gobernada por tu propio partido. No es razonable acusar al Partido Popular de no cooperar cuando no existe voluntad real de acordar sino la de atribuirle el desacuerdo. Tampoco es razonable atribuir al PSOE la responsabilidad exclusiva de la crisis por falta de iniciativas cuando hay gobiernos regionales o locales de otro signo que siguen instalados en la inacción y el descontrol del gasto público.

Ninguna de esas posiciones es políticamente sensata. La situación requiere otro tipo de actitudes y de liderazgos. Cualquier observador imparcial sabe que la responsabilidad es compartida y que la salida de la recesión tendrá que ser recuperando la cultura política del acuerdo. La difícil situación de bloqueo en la que nos encontramos precisa abordarla con lealtad, con claridad, sin contradicciones insostenibles y con generosidad (tanto desde la política como desde aquellos sectores ciudadanos menos golpeados por la crisis).

Esa es la diferencia que existe entre políticos gestores incapaces de ver más allá del ciclo político de cuarenta y ocho meses y los liderazgos que hoy se precisan y que muchos ciudadanos añoramos. A los representantes políticos no debería extrañarles que cunda la decepción, que se afiance el cinismo político y que muchos ciudadanos percibamos que los partidos con vocación de gobierno son parte del problema cuando su obligación indeclinable es ser parte imprescindible de la solución.

(Joan Romero es catedrático en la Universidad de Valencia)