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VALENCIA. La Federación de Empresa Contratistas con la Administración, Fecoval, denunció este martes que el decreto publicado que regula el plan de pago a proveedores puede dejar pendientes y sin resolver gran parte de las demandas realizadas ante la administración central y autonómica, "perjudicando seriamente" a las empresas constructoras de la Comunitat Valenciana.
Esta crítica de Fecoval, emitida ayer a través de un comunicado y dirigida tanto al Gobierno central como el autonómico, se produjo solo un día antes de que los contratistas se reúnan con el presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, un encuentro al que también acudirá la Cámara de Contratistas de la Comunidad Valenciana (CCCV), que recibieron la llamada desde la corporación provincial.
Esta reunión, según fuentes conocedoras de la misma, llega tras la presentación por parte de Rus la pasada semana del plan de inversión y empleo que estará dotado con 163 millones de euros y que incluirá obras interesantes para estas organizaciones. Además, el presidente de la Diputación ha manifestado su interés por conocer la opinión de los constructores ante la situación actual.
La corporación provincial, con superávit, contrasta con los problemas que atraviesa la Generalitat, todavía con una pesada mochila de impagos en su espalda, una circunstancia que Rus aprovecha para buscar posibilidades de aliviar los problemas de los colectivos agraviados y, de paso, para fomentar su popularidad ante las dificultades del Consell.
Una mochila que, a juicio de Fecoval, no se liberará con el ‘maná' del plan de pago a proveedores. Según el comunicado de los contratistas, el decreto "mantiene la renuncia a los intereses de demora por parte de las empresas, lo que teniendo en cuenta el tiempo transcurrido, y los intereses pagados por las empresas para financiar las obras, supone de hecho una quita que puede superar el 15% en algunos casos".
Por otro lado, según subraya Fecoval, y "en contra de lo anunciado por el ministro Cristóbal Montoro, el plan publicado no pone el contador a cero, ya que no se han habilitado herramientas para actualizar la deuda de la Generalitat, con lo que previsiblemente pueden quedar fuera del plan todos los expedientes de modificados de obra aprobados técnicamente y no facturados por indisponibilidad presupuestaria de la Administración, así como las liquidaciones de obras tramitadas pero sin facturar".
Además, también quedarán pendientes "las operaciones de confirming no atendidas, los pagos de obras realizadas a través de subvenciones, o los de certificaciones realizadas por entidades desaparecidas por el proceso de fusiones y liquidaciones emprendido por la Generalitat, cuyo ejemplo más evidente es el Consell Valencià de ‘l'Esport".
Desde Fecoval, subrayan que tampoco disponen de noticias de que se haya habilitado "una solución para los pagos aplazados con vencimientos anteriores a la fecha límite del plan y que ahora tiene su vencimiento después de la fecha límite del plan, al no existir por tanto factura anterior a la fecha límite, porque la Administración solicitó su aplazamiento".
El malestar de Fecoval también se dirige a que el PPCV no haya reclamado "por vía de enmiendas a los Presupuestos Generales las inversiones que corresponden a la Comunitat Valenciana, y en las que existe un déficit demostrable y reclamable".
EL PSPV DE PUIG SÍ INCLUYÓ ENMIENDAS PROPUESTAS DE LOS CONTRATISTAS
En la misma línea que Fecoval se manifestaban desde la Cámara de Contratistas, desde donde subrayaron que las inversiones del Gobierno resultan "absolutamente insuficientes". "De los 1.600 millones de euros de inversión prevista que el Ministerio de Medio Ambiente tiene, solo unos 65 son para la Comunitat Valenciana. El 4,1% de toda España", señalaron. Además, destacan que en otros organismos como la Confederación Hidrográfica del Júcar, encargado de las presas, encauzamientos de barrancos y otro tipo de obras solo llegarán a 211.000 euros.
En este sentido, desde la CCCV lamentaron que las propuestas de enmiendas que han remitido a los populares valencianos hayan sido ignoradas, mientras que otras formaciones, como el PSPV, a través de su líder Ximo Puig, sí hayan incluido varias de sus peticiones para modificar las inversiones. En total, según la Cámara de Contratistas, desde las administraciones locales y autonómica se adeuda en torno a 700 millones de euros a las constructoras valencianas.
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