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VALENCIA (EP). La Plataforma de Afectados Ayudas a la Vivienda de la Comunitat Valenciana (Associació Impagats Ajudes Habitatge CV) ha presentado una petición formal de denuncia ante el Parlamento Europeo por los impagos de las ayudas a la vivienda por parte de la Generalitat Valenciana, según ha indicado esta organización.

Al mismo tiempo, y en coordinación con otras plataformas estatales, ha incluido en la petición una denuncia al Gobierno de Rajoy por la supresión retroactiva de las ayudas a la subsidiación de préstamos protegidos VPO.

Tanto los impagos de la Generalitat como la supresión de la subsidiación "vulneran gravemente" principios fundamentales de la legislación europea como son los principios de seguridad jurídica y confianza legítima, así como el derecho a la vivienda digna, según han señalado desde este colectivo.

En concreto, la Generalitat y el Gobierno de Rajoy, según esta plataforma de afectado habrían infringido el principio 31 de la primera parte de la Carta Social Europea, el artículo 34.3 Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, como también el artículo 25.2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

La Plataforma realiza tres peticiones al Parlamento Europeo. Por un lado que, dentro de su potestad, establezca las recomendaciones necesarias para que el Estado español, en su función de control de los presupuestos autonómicos, exija a la Generalitat Valenciana "liquidar, con carácter inmediato, la deuda contraída con las 50.000 familias europeas desde hace más de cuatro años (2009, y en ocasiones 2008 y 2007)".

En este sentido, exige que se concrete "de inmediato el reconocimiento de la totalidad de la deuda", que se establezca un calendario de pagos "inmediato" y que se pague "por orden de resolución favorable".

COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN

Por otra parte, la plataforma solicita al Parlamento europeo que establezca una comisión de investigación para averiguar las causas que han llevado a este impago acumulado, y a esta vulneración de derechos fundamentales y de normativa nacional e europea. Asimismo, se pide que de la comisión de investigación se determinen las posibles responsabilidades públicas y personales de los organismos y órganos que hayan contribuido a esta situación.

En relación a la supresión retroactiva de la subsidiación VPO, se solicita al Parlamento europeo que inicie los procedimientos oportunos para exigir al Gobierno de España la derogación las disposiciones que suprimen retroactivamente derechos adquiridos de más de 300.000 familias (50.000 en la Comunitat Valenciana).

En concreto, la derogación de la Disposición Adicional Segunda de la Ley 4/2013, y la restitución de todas las ayudas al préstamo cualificado / convenido, ya sea por solicitudes de subsidiación nuevas, solicitudes de prórroga, o renovaciones, derivadas de los distintos Planes de Vivienda, esto es, 1998-2001, 2002-2005, 2005- 2008 y 2009-2012.

IRREGULARIDADES

Además, los afectados han denunciado "irregularidades" en la gestión de las ayudas a la vivienda impagadas por la Generalitat, estimada por la consellera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, Isabel Bonig, en 250 millones de euros que la Generalitat no ha abonado a más de 50.000 familias valencianas desde 2009. En este caso, la Generalitat podría haber infringido los artículos 9 y 15.1 de la Ley General de Subvenciones.