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VALENCIA. Nadie tiene claro que la contratación del arquitecto que ha realizado el plan de urbanización de la Marina Real, José María Lozano, se haya efectuado de forma correcta. Arquitectos y oposición han mostrado su malestar porque el Ayuntamiento de Valencia, a través de la empresa pública Aumsa, escogiera a dedo al que iba a diseñar el nuevo marco de edificaciones de la dársena por un precio de 52.000 euros.
El vicealcalde Alfonso Grau apuntaba este miércoles en el pleno del debate de Estado de la Ciudad que el acuerdo se había realizado con el artículo 170 de la Ley de Contratos del Sector Público, que expresamente prevé los contratos de las Administraciones Públicas que podrán adjudicarse mediante procedimiento negociado.
Sin embargo, según apuntan desde el grupo municipal Compromís, la situación no concuerda con ninguno de los apartados. Los supuestos generales que permiten realizar una elección sin concurso es que se de un procedimiento abierto que resulte irregular, casos excepcionales en los que no se pueda poner un precio al contrato por motivos de riesgo, cuando el concurso quede desierto, cuando sea una imperiosa urgencia y cuando el contrato sea secreto.
A estas razones se le suma una más, que es a la que se ha acogido el Ayuntamiento para asignar la tarea a Lozano. El 'apartado D' de la ley recoge que podrá usar un contrato negociado "cuando, por razones técnicas o artísticas o por motivos relacionados con la protección de derechos de exclusiva, el contrato sólo pueda encomendarse a un empresario determinado". Sin embargo, el grupo de la oposición duda sobre la irrebatible experiencia de Lozano que no permite que nadie más pueda realizar el proyecto.
"La sola implicación artística, no autoriza sin más a considerar justificada la utilización del procedimiento negociado, dado que esto supondría desnaturalizar este procedimiento puesto que se podría generalizar a la totalidad de contratos donde intervinieran profesionales" explican las fuentes. "La aplicación del sistema de concurso de proyectos aporta soluciones más adecuadas y a la vez permite la libre concurrencia de profesionales". 
Según explican desde Compromís, así lo ha resuelto en numerosas ocasiones la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, adscrita al Ministerio de Economía y Hacienda. También recalcan que la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, debería saber que la ley tiene un carácter excepcional y sólo procede usarla de forma excepcional. Además, apuntan a que debe justificarse debidamente el expediente de Lozano, algo que no se ha realizado ni en el pleno ni en Aumsa.
Para el grupo de la oposición, resulta "evidente" que la justificación del procedimiento negociado no reside en el carácter artístico del trabajo, sino a que únicamente haya un empresario al que se le pueda encargar el trabajo por razones técnicas o por motivos relacionados con la protección de los derechos de exclusiva, "que en este caso no existen".
No, en el PP no son insumisos, siempre cumplen las leyes. Ahí está la contratación de Calatrava ¿No le han pedido presupuesto esta vez?,... también Pepe Gotera y Otilio CB son muy conocidos.
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