Comparte esta noticia

• Tweet
• meneame

Otras noticias

• El Presupuesto de 2016 sale del Congreso tras 585 votaciones sin incluir ninguna enmienda de la oposición
• Fomento certifica que la vivienda sube por vez primera desde 2008
• La banca amplía en 3.000 viviendas la aportación al fondo social

MADRID (EP/VP). La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha afirmado este viernes que el Ministerio de Empleo presentará el próximo año una nueva Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS) en la que "se reforzarán las medidas y consecuencias" derivadas de la no aceptación de ofertas adecuadas de empleo por parte de los desempleados y del cobro indebido de prestaciones.

Sáenz de Santamaría ha recordado que, con la ley actual en la mano, un desempleado que rechace una oferta de empleo adecuada comete una infracción grave, sancionada con la suspensión de la prestación durante tres meses. Si rechaza dos ofertas, la suspensión dura seis meses y si son tres las ofertas rechazas, la prestación por desempleo se extingue.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta ha afirmado que la nueva LISOS "reforzará las consecuencias" que se derivan sobre el parado por rechazar ofertas adecuadas, al tiempo que ha destacado que Empleo está trabajando también en una nueva ley reguladora de la Inspección de Trabajo y de Seguridad Social.

Sáenz de Santamaría ha respondido así al ser preguntada por si el Gobierno piensa acometer alguna reforma para combatir el fraude en el paro, una vez conocido que entre enero de 2012 y junio de 2013 se detectaron más de 500.000 desempleados cobrando indebidamente prestaciones, lo que ha generado al Estado un ahorro superior a los 3.000 millones de euros.

Según datos del Ministerio de Empleo, los beneficiarios de prestaciones por desempleo registrados a finales de junio de este año ascendían a 2.801.625, mientras que los existentes en enero de 2012 eran 3.012.045. En ese flujo constante de entradas y salidas a la prestación por desempleo transcurrido en ese año y medio, el Ejecutivo ha detectado 520.572 parados cobrando indebidamente la prestación.