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MADRID (EFE). Las distintas administraciones públicas han enviado este lunes un mensaje tranquilizador sobre los movimientos sísmicos que se están produciendo en el entorno del almacenamiento de gas Castor y han asegurado que sus actividades continuarán paralizadas hasta que la seguridad de la población esté garantizada.

Gobierno, comunidades autónomas, ayuntamientos afectados por los terremotos y diputaciones provinciales se han reunido para analizar la situación y compartir la información disponible hasta el momento.

Tras el encuentro en la sede del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, el presidente de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, ha señalado que es necesario dar "seguridad y tranquilidad" a los ciudadanos, algo que a su juicio exige que no se reanude ningún trabajo en Castor hasta que no hay informes que aseguren que no se van a producir movimientos sísmicos.

"O se tiene la absoluta seguridad de que no se van a generar movimientos sísmicos y alarma entre la población o si no esa planta no se puede abrir", ha subrayado Fabra, tras comentar que la reunión ha sido "muy positiva".

El presidente de la Diputación de Castellón, Xavier Moliner, ha indicado en la reunión se ha logrado el objetivo perseguido de "garantizar" que Castor no se va a poner en marcha mientras no haya una garantía del cien por cien para la seguridad de las personas.

En un tono más crítico, el consejero de Interior de Cataluña, Ramón Espadaler, ha señalado que tras el encuentro con el titular de Industria, José Manuel Soria, continúan "sin tener la información" que necesita el Ejecutivo catalán como competente en asuntos de protección civil.

Espadaler ha indicado que la Generalitat se está planteando requerir por la vía judicial la información que considera necesaria a la empresa gestora de Castor, Escal UGS, controlada por el grupo ACS.

El consejero ha vinculado los terremotos con la actividad en el almacén de gas Castor y, aunque ha indicado que "sería prematuro" solicitar la paralización completa del proyecto.

"Es evidente que los movimiento sísmicos son consecuencia directa de esta actividad, es una sismografía inducida. A partir de aquí, nos parece que es difícil continuar, pero cada cosa en su momento", ha añadido.

En el Congreso, el secretario de Estado de Energia, Alberto Nadal, que comparecía para explicar el presupuesto de su área para el año próximo, ha asegurado que los expertos "trabajan a contrarreloj" para aclarar las circunstancias en que se han producido los seísmos y ha descartado cuantificar el impacto económico del cierre total del almacén.

La prioridad es "garantizar la seguridad de la población", así como valorar los "daños físicos y también psíquicos que produce que haya temblores en una zona donde no había sismicidad", ha dicho.

En una nota de prensa, Soria, que no ha comparecido ante los medios tras la reunión, ha insistido en que Castor seguirá paralizado hasta que la seguridad esté garantizada y ha indicado que su departamento está en contacto permanente con Escal UGS, que le remite informes diarios sobre la situación de la instalación, así como otra información.

Por otro lado, la Comisión Europea ha asegurado que la instalación cumplió con los procedimientos medioambientales que exige la legislación comunitaria y ha descartado intervenir para exigir el paro definitivo de actividad.

Castor cumplió la evaluación de impacto ambiental, que determina los efectos directos e indirectos en el medio, pero también respecto a los ciudadanos y el patrimonio, y los requisitos de la directiva sobre hábitats, que protege la fauna y flora del territorio afectado, y la directiva de prevención y control de la contaminación.

El entorno del almacenamiento ha registrado esta noche dos movimientos de escasa magnitud, el mayor de 1,8 grados en la escala de Richter.

El proyecto Castor, con una inversión de 1.200 millones de euros, trata de aprovechar un antiguo pozo petrolífero a 1.750 metros de profundidad bajo el nivel del mar, ubicado frente a las costas de Vinaroz (Castellón), para almacenar hasta un tercio de la demanda de gas del sistema durante 50 días.

El Ministerio de Industria paralizó la inyección de gas el pasado 26 de septiembre para estudiar su posible relación con los seísmos.