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VALENCIA. A finales de 2007 la economía española culminaba uno de los periodos de expansión económica más dilatados de su historia reciente. Nadie podía prever entonces que unos años más tarde, una parte significativa de la población correría el riesgo de caer en situación de exclusión financiera. De hecho, en aquel momento los datos disponibles situaban a España como uno de los países europeos con un mayor grado de bancarización.

Según Eurostat, en 2008 apenas un 1.3% de la población carecía de una cuenta corriente, libreta de ahorro o depósito en una entidad financiera. El número de oficinas bancarias que operaban en nuestro país era aproximadamente el mismo que la suma de las existentes en el Reino Unido e Italia. Y el número de cajeros automáticos era mayor al de Alemania o Francia, a pesar de las diferencias de tamaño y poder adquisitivo entre España y estos países.



La bancarización de España: factores de demanda

Distintos factores permitieron que los servicios financieros se extendieran a toda la población desde finales de los 70. Por un lado, el fuerte crecimiento económico experimentado por España en el último cuarto del siglo XX permitió al país alcanzar cotas de bienestar desconocidas por la sociedad española. En apenas 35 años, España pudo doblar su PIB per cápita en euros constantes, manteniendo un cierto grado de igualdad y cohesión social. El enriquecimiento progresivo de la población elevó las necesidades financieras del consumidor de forma generalizada.

Al mismo tiempo, España consolidó su incipiente Estado del Bienestar. A diferencia de otros países, las Administraciones Públicas españolas realizan los pagos por prestaciones sociales mediante transferencia bancaria, contribuyendo de forma decisiva a aumentar la demanda de servicios bancarios en colectivos que, de otra forma, no accederían a estos servicios por una mera cuestión de poder adquisitivo.

Y finalmente, la progresiva incorporación de la mujer al mercado de trabajo hizo que su demanda de servicios financieros se equiparara a la de los hombres, pues el pago de las nóminas por transferencia bancaria pronto se convirtió en la norma habitual entre nuestras empresas. Conviene no olvidar en este sentido que, hasta la Ley 14/1975, la mujer casada debía contar con la autorización de su marido para contratar servicios financieros.

Factores de oferta

Desde el punto de vista de la oferta, dos factores facilitaron el acceso de la población a los servicios bancarios. Por un lado, las cajas de ahorros tenían una presencia muy destacada en la provisión de servicios financieros a las clases más desfavorecidas, al ser entidades sin ánimo de lucro que habían sido creadas específicamente para fomentar el ahorro entre los sectores menos pudientes de la sociedad. La presencia prominente de las cajas en la comunidad propició la generación de vínculos de confianza mutua, que consiguieron atraer a personas que, de otro modo, habrían vivido al margen del sistema financiero.

Por otro lado, la liberalización del sector bancario español elevó la competencia entre entidades financieras, particularmente en el subsector de cajas de ahorros. Las cajas pudieron expandirse libremente por toda la geografía española, desencadenando un dramático crecimiento del número de oficinas en nuestro país. A finales de 2008 en la Comunidad Valenciana había una oficina bancaria por cada 1.000 habitantes, cinco veces más que en el Reino Unido por ejemplo. El incremento de la competencia inducido por la liberalización propició una caída de márgenes y precios, que facilitó el proceso de bancarización de nuestro país.



El pinchazo de la burbuja inmobiliaria

Sin embargo, la abrumadora presencia de la banca en la vida social española se ha visto amenazada recientemente por el estallido de la burbuja inmobiliaria, en parte porque la capacidad productiva instalada de nuestros bancos y cajas de ahorros era sencillamente inasumible, y en parte porque muchos de los factores que apuntalaron el crecimiento de nuestro sistema bancario o bien han dejado de contribuir al mismo, o bien contribuyen ahora en sentido contrario.

La crisis está elevando las desigualdades sociales. España cuenta con un 27% de trabajadores desempleados, y cerca de dos millones de familias tienen a todos sus miembros en paro. Lógicamente, la dramática situación económica que atraviesa el país apenas disminuirá el número de titulares de cuentas bancarias, pues como se ha comentado anteriormente, el sistema español de prestaciones sociales se materializa vía transferencia bancaria.

Sin embargo, la demanda de otros servicios bancarios fundamentales se verá probablemente afectada. Para muchas familias, fuertemente endeudadas y con sueldos a la baja, es prácticamente imposible adquirir productos bancarios de ahorro a largo plazo, comprometiendo su bienestar futuro ante la inevitable disminución del poder adquisitivo de las pensiones. Muchas de ellas dejarán de contratar seguros para cubrir riesgos vitales, no solo por la pérdida de renta derivada de la crisis, sino también por el encarecimiento de las primas que acompaña al empeoramiento de sus condiciones de vida. Y, por supuesto, encontrarán cada día más dificultades para acceder al crédito, recurriendo cada vez más a familiares y amigos, y en el peor de los casos, a prestamistas privados que operen al límite de la legalidad.

De hecho, la reducción de los márgenes empresariales en los últimos años y el incremento de los impuestos indirectos podrían haber impulsado aún más la economía sumergida en nuestro país. Los trabajadores que operan en este tipo de sectores se verán abocados a gestionar sus cobros y pagos al margen del sistema bancario, limitando seriamente sus decisiones de consumo e inversión.

En este contexto, tampoco es descartable que asistamos a un proceso de autoexclusión del sistema bancario, debido a la pérdida de confianza en el sector tras los escándalos financieros recientes. La fuga de depósitos parece haberse detenido en los últimos meses, pero muchas de nuestras entidades han quedado estigmatizadas por las pérdidas ocasionadas a pequeños ahorradores, muchos de ellos personas sin conocimientos financieros básicos. Esta cuestión podría haber alterado la percepción ciudadana con respecto al valor añadido que incorporan los productos financieros.



Restructuración del sector bancario español

Más allá de factores de demanda, la restructuración de la oferta podría estar jugando un papel clave en cuanto al incremento del riesgo de exclusión financiera en nuestro país. De entrada, prácticamente ha desaparecido el subsegmento de cajas de ahorros. Excepción hecha de Caixa Ontinyent y Caixa Pollença, las pocas cajas de ahorros que han sobrevivido a la crisis se han visto obligadas a transformarse en bancos comerciales. De este modo, su mandato fundacional de extender los servicios financieros básicos a las clases sociales más desfavorecidas ha quedado derogado por ley.

Fruto de este proceso, hoy por hoy el sistema bancario se concentra en torno a unas pocas entidades de tamaño medio más elevado que antes de la crisis. La nueva situación podría desembocar en una reducción significativa de la competencia, que tendría consecuencias negativas sobre el precio de los productos financieros y su accesibilidad para los segmentos de población con rentas más bajas. En muchos municipios pequeños, la reducción de la competencia es tal que apenas existe una única oficina bancaria en todo el término municipal.

Así, la Comunidad Valenciana cuenta hoy con 3.700 oficinas, frente a las 5.000 que operaban en 2008. Este proceso, todavía en marcha, ha generado un obvio incremento de la distancia física entre demandantes y oferentes de productos financieros, especialmente en los pequeños núcleos urbanos del interior. En medios rurales, la población de edad más avanzada, generalmente con más restricciones de movilidad, menos recursos financieros y menos acceso a las nuevas tecnologías de la información, podría sufrir más directamente los efectos de la exclusión financiera.

Al margen delas restricciones "físicas" en cuanto al acceso a la oferta bancaria, el incremento de la distancia entre prestamistas y prestatarios traerá consigo un cambio en las tecnologías de crédito aplicables a los usuarios de la banca. Los clientes con mayor nivel de renta continuarán disfrutando de una atención personalizada en el marco de la banca relacional. En cambio, los clientes de menor nivel de renta, especialmente en las zonas menos bancarizadas, recibirán un tratamiento más estandarizado en función de una serie de variables objetivables, como la edad, la formación, los ingresos y el lugar de residencia. En este contexto, es bastante probable que asistamos a una concentración geográfica de la exclusión financiera, en línea de lo observado en otros países, en torno a áreas deprimidas con alta conflictividad social.

Sin embargo, conviene no asociar directamente la reducción del número de oficinas con la exclusión financiera. Ni la desaparición de la red implica que los ciudadanos dejen de estar atendidos, ni la existencia de oficinas en la zona de residencia significa que los ciudadanos tengan acceso a todos los servicios bancarios esenciales. Es fundamental abordar este problema con seriedad, al margen de intereses particulares, y siempre desde una perspectiva más cualitativa que cuantitativa. Las autoridades financieras, especialmente las regionales, deben jugar un papel fundamental en este sentido, dimensionando debidamente el fenómeno de la exclusión financiera, y planteando soluciones junto a las entidades financieras con presencia en el territorio.

El fenómeno de la exclusión financiera es una dimensión más del proceso más amplio de exclusión social. Sitúa al individuo en una cadena de inseguridad y pérdida generalizada de oportunidades, que liga su destino al fracaso vital. Por ello, la búsqueda de soluciones al problema de la exclusión financiera es un mínimo que debemos exigir a nuestras autoridades. El problema está íntimamente relacionado con la crisis actual, pero tiene también su origen en los cambios estructurales que ha vivido nuestro sistema bancario. Aunque la economía se recupere, la fisonomía de la banca española nunca volverá a los parámetros anteriores a la crisis, por lo que no podemos esperar sentados a que el problema se resuelva por sí mismo.