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VALENCIA. Las acusaciones, actuaciones y opiniones siguen acumulándose en torno a los seísmos del Proyecto Castor. Un total de 24 terremotos volvieron a sucederse en la madrugada del jueves en el Golfo de Valencia, cuya intensidad máxima de alguno de ellos superó los cuatro grados en la escala de Richter.
Desde que el día 26 de septiembre se pusiera la alerta sobre los microseísmos que agitaron Vinaròs (Castellón) y el sur de Tarragona, las intervenciones de políticos, de la empresa, de las organizaciones y de los expertos se han sucedido. Pero, ¿quiénes son los que verdadermente pueden influir sobre el Proyecto Castor?
El primero en aparecer en acción fue el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, quien pidió el 26 de septiembre la paralización de la actividad en la plataforma de Castor y encomendó una investigación al Instituto de Geología Nacional para averiguar si existe una relación entre los seísmos y las inyecciones de gas en el almacenamiento subterráneo.
Soria ha sido el que ha llevado la voz cantante en las decisiones tomadas hasta el momento, y el que finalmente ha afirmado que hay indicios de una correlación directa de la inyección de gas con los seísmos que se han producido a lo largo de estos últimos 15 días.
El primero en poner el grito al cielo fue el Gobierno catalán, a pesar de que la planta se encuentra Vinaròs, territorio de la Comunitat Valenciana. El portavoz de la Generalitat de Cataluña, Francesc Homs, anunció que recabarían la información sobre el origen de los movimientos sísmicos debido a que las consecuencias de éstos llegan hasta el sur de Tarragona.
De hecho, anunciaron que estudiaban seriamente emprender acciones legales contra el proyecto Castor después de que en el jueves se registraran nuevos movimientos. A la Generalitat Valenciana le ha costado un par de días manifestarse, como si nada tuviera que ver en el problema. La primera institución de la región en pronunciarse este jueves fue la Diputación de Castellón, quien amenazó con denunciar al anterior Gobierno socialista si se demostraba relación.
LA GENERALITAT LLEGA CON RETRASO Y ACUSANDO AL PSOE
La consellera de Infraestructuras, Isabel Bonig, afirmaba este jueves que la Generalitat Valenciana tomará medidas se se comprueba que el Proyecto Casto no contaba con todos los informes preceptivos cuando se aprobó la Declaración de Impacto Ambiental en 2009, bajo el equipo de Gobierno del PSOE. Eso sí, desde la Conselleria de Gobernación se decretó el protocolo de seguimiento de actuaciones sísimicas.
No obstante, quiso dejar claro que las posibles decisiones erróneas las había tomado el partido de la oposición. "No es por echar responsabilidades, pero este proyecto se aprobó con la Declaración de Impacto Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente en 2009, con el anterior equipo de Gobierno socialista". Además, apuntó a que la conselleria "sólo" autorizó la instalación de la planta que hay en territorio de Vinarós, mientras que el resto del proyecto está en aguas de competencia estatal.
Por el otro lado se encuentra Florentino Pérez, presidente de ACS, máximo accionista de Escal UGS, y quien puede guiar a la hora de tomar decisiones por parte de la empresa. No obstante, a la hora de dirigirse a los medios, lo ha hecho a través del presidente de Escal, Recaredo del Potro. Según apuntaba, la compañía mantendrá paralizada la estructura el tiempo que se requiera, aunque apuntaba que en una semana se podrá precisar de qué se trata.
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