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VALENCIA (EFE). La Fiscalía ha presentado hoy recurso de apelación contra el auto del juzgado de Instrucción número 21 de Valencia que denegó la reapertura de la investigación sobre el accidente de metro de Valencia de julio de 2006, en el que fallecieron 43 personas y 47 resultaron heridas.

Este recurso se fundamenta en que la resolución de la jueza de instrucción fue notificada una vez resuelta, sin que las partes se pudiesen pronunciar, e insiste en que hay hechos nuevos que motivan la reapertura de las diligencias.

La Fiscalía recuerda que en las diligencias previas estaban personadas las representaciones de las víctimas y que la jueza instructora resolvió la petición de reapertura del caso "sin dar tiempo a que el resto de partes personadas pudieran hacer efectivo su derecho".

Sobre la existencia de hechos nuevos, se insiste en la posible existencia de averías en el sistema de frenado de la unidad siniestrada y de descarrilamientos previos de los que Ferrocarrils de la Generalitat (FGV) no informó.

Desde el 20 de junio de 2006 al día del accidente, según el fabricante del vagón siniestrado, constan 28 incidencias de activación del freno de emergencia y tres incidencias relativas al rebasamiento de señales de stop, expone el recurso.

Si bien esta información ya constaba en la causa, lo que se considera novedoso son las informaciones facilitadas por el Sindicato Independiente Ferroviario que aluden a que trece días antes del accidente -el 20 de junio- se produjo una avería en el sistema de frenado que no fue comunicada por FGV al juzgado y por tanto no fue analizada por el perito.

El Fiscal considera "ilustrativo" que "precisamente la lectura de datos del sistema de frenado se reinicia el 20 de junio, lo que indica que ese día se realizó alguna intervención sobre el ordenador de la unidad que recogía estos datos".

Se expone asimismo que el libro de averías, que debía haber recogido esta incidencia, nunca fue hallado, y que de haber existido avería en el sistema de frenado el maquinista debió dejar constancia en el citado libro y también al puesto de mando, motivo por el cual se solicitan las grabaciones.

Sobre los descarrilamientos previos, el Ministerio Público indica que FGV "nunca informó al juzgado de que la unidad siniestrada descarriló hasta tres veces, dos de ellas por roturas en el bogie" (pieza integrada por un eje y dos ruedas) delantero, el mismo que se desprendió el día del accidente.

"La instructora, pese a que el perito judicial dijo que FGV le había informado de que la UTA 3736 no había descarrilado, no hizo nada por contrastarlo", señala el recurso.

La Fiscalía considera que la jueza se ha atribuido "un papel que no le corresponde, puesto que es el perito quien debe determinar la posible concurrencia de factores en el accidente investigado".

Tras conocer estos hechos, el Fiscal tomó declaración al perito de Adif Andrés Cortabitarte, quien confirmó que FGV no informó de descarrilamientos previos y argumentó que estos hechos deberían haber sido tenidos en cuenta para determinar posibles fallos estructurales en la UTA 3736, la unidad que sufrió el accidente el 3 de julio.

"Argumenta la instructora que el bogie delantero fue cambiado tras un descarrilamiento en 2003, pero la cuestión que debe resolverse es por qué esa UTA sufría descarrilamientos en el bogie delantero, que fue el que se desprendió en el accidente del 3 de julio de 2006", añade el Fiscal.

Asimismo, lamenta que la jueza no dé "relevancia" a la posible responsabilidad de "quien ocultó a la instrucción de la causa que la UTA había sufrido descarrilamientos previos".

En referencia al cambio de criterio del Ministerio Fiscal sobre la continuación de la causa, se reconoce que efectivamente en diciembre de 2007 se solicitó el archivo de la misma, pero "ello no debe motivar la obstinación de mantener lo dicho", y se insiste en la relevancia de los nuevos datos y el hecho de que FGV omitiese "información relevante".