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VALENCIA. Cuando el vehículo se acerca a un peaje se suceden las señales para aminorar la velocidad hasta detenerse frente a la barrera de la taquilla de pago, pero en ningún sitio pone que se deba pagar.

Esta es en pocas palabras la justificación expuesta por la abogada Anna Oliver y que la titular del juzgado de lo contencioso-administrativo número nueve de Valencia ha aceptado para anular la multa de 100 euros a un conductor, después de que se la impusieran los agentes de Tráfico.

De hecho, la juez considera que no hay motivo para pensar que el recurrente "no respetara la señal de detenerse", con lo que la anulación de la sanción ha ido acompañada por la condena a pagar las costas del juicio contra la parte demandada: la Jefatura Provincial de Tráfico de Valencia. Esta sentencia confirma la práctica habitual en Cataluña, donde los Mossos d'Esquadra no multan por el impago al tratarse de un causa entre particulares: la empresa gestora de la autopista y el cliente.

El hecho de que la policía autonómica catalana se tome de referencia para este caso se debe a que es en esa comunidad donde el fenómeno del impago explícito del peaje responde a una campaña cívica, denominada No vull pagar, que protesta por la extensión del sistema de pago de forma desproporciona por las carreteras catalanas, según sus convocantes.

LOS LÍMITES DEL EMPLEADO

En todo caso, los empleados de la empresa adjudicataria únicamente pueden tomar nota de la matrícula del vehículo antes de levantar la barrera y dejarle pasar. A continuación, la empresa puede denunciar el caso y exigir el pago por la vía administrativa.

Los trabajadores del peaje no pueden pedir ni el DNI ni el carnet de conducir, ya que solo pueden ser hacerlo los agentes de la autoridad como policías, guardias civiles o policías autonómicos por motivos justificados, entre los que no se incluyen negarse a pagar un peaje, aunque sí la alteración del orden público que se puede producir durante una discusión en la vía pública.

El movimiento No vull pagar, que defiende el impago de los peajes en Cataluña, registraba en marzo 100.000 casos de impago y mantenía abiertos procesos sancionadores en 20.000 de ellos, según la Plataforma Catalunya Diu Prou. Esta acción, que partió del caso de un particular, ha sido asumida por por diversos partidos políticos como Solidaritat Catalana per la Independència o Esquerra Republicana de Catalunya, entre otros de perfil nacionalista.

De hecho, la abogada que ha llevado el caso en Valencia, Anna Oliver, es la coordinadora de Solidaritat Catalana del Pais Valencià, además de responsable del Casal Jaume I Grup Arrels y colaboradora del departamento jurídico de Acció Cultural del País Valencià, además estar relacionada con distintos colectivos y plataformas cívicas.

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