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VALENCIA (EP). El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana insta a la Conselleria de Sanidad a "extremar al máximo la diligencia en el ámbito de la atención sanitaria de urgencias y emergencias, en pro de garantizar una protección integral de la salud mediante la adopción de las medidas organizativas oportunas, cumpliendo así con el principio de eficacia constitucionalmente reconocido".

El defensor del pueblo valenciano realiza esta sugerencia en una recomendación, que recoge Europa Press, a raíz de la queja presentada por un grupo de personas sobre "la eliminación de seis unidades de Soporte Vital Básico, tanto de Valencia como del resto de la provincia, y el helicóptero medicalizado".

También reprochaban que "pasan de 24 a 12 las horas de servicio 8 unidades también de Soporte Vital Básico y, por último, que se recortan en 2 horas el horario de 3 unidades SAMU".

Por su parte, la Conselleria de Sanidad contestó al Síndic que este departamento del Gobierno valenciano, "con el fin de racionalizar los servicios y recursos de emergencias extrahospitalarias, asegurando y adecuando, al mismo tiempo, la atención y los tiempos de respuesta del servicio a las necesidades de la población, ha realizado un exhaustivo análisis de la actividad de los recursos de atención a las urgencias y las emergencias en todo el ámbito de la Comunitat".

En el citado análisis, proseguía la administración autonómica, "se ha evaluado la actividad de los servicios de emergencias por periodos estacionales, franjas horarias, distribución territorial, servicios complementarios, etc".

REORDENACIÓN DE RECURSOS

"Sobre la base de este análisis se ha realizado una reordenación geográfica y temporal de los recursos de Soporte Vital Básico (SVB) que asegure la atención sanitaria mas adecuada a las necesidades de la población y que, en modo alguno, supone una disminución de la capacidad de atención a las urgencias y las emergencias de la población de la Comunidad Valenciana, teniendo además en cuenta que no se ha eliminado ningún servicio SAMU", agregaba.

Tras analizar las alegaciones, la Sindicatura explica que no entra en sus competencias decidir las fórmulas o criterios de organización que debe emplear la administración pública en sus infraestructuras, ni tampoco lo es el resolver las discrepancias que los promotores de las quejas manifiesten al respecto.

No obstante, matiza, "sin perjuicio de los criterios de autoorganización y de acuerdo con el artículo 43 de la Constitución, desde esta institución entendemos que la acción administrativa en el ámbito sanitario, en cuanto a la organización y tutela de las infraestructuras sanitarias, debe estar dirigida a contar con medidas preventivas y prestaciones y servicios necesarios para toda la población".

Por ello, recomienda a la Generalitat "extremar al máximo la diligencia en el ámbito de la atención sanitaria de urgencias y emergencias, en pro de garantizar una protección integral de la salud mediante la adopción de las medidas organizativas oportunas, cumpliendo así con el principio de eficacia constitucionalmente reconocido".